Por Redacción
Ojocaliente, 31 de agosto de 2026.- Una comandancia de policía del municipio de Ojocaliente fue atacada con un coche bomba la tarde de este domingo, incidente que dejó 10 personas heridas, dos de ellas policías municipales, así como 17 viviendas destruidas y varios vehículos dañados.
Un portavoz del Gobierno estatal afirmó que la situación ya está bajo control y que los heridos han recibido atención médica, aunque precisó que uno de ellos se encuentra en “situación delicada”. Las autoridades confirmaron que la agresión fue realizada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que el hecho está vinculado con una detención ocurrida el sábado pasado en los límites entre Aguascalientes y Zacatecas.
Rodrigo Reyes, secretario de Gobierno, detalló este lunes en entrevista con Radio Fórmula que el material explosivo se encontraba dentro de un automóvil particular con reporte de robo en Jalisco, aunque evitó llamarlo coche bomba. El funcionario explicó que el vehículo se estacionó afuera de la comandancia alrededor de las 19:00 horas y fue detonado a distancia cuando una policía caminaba hacia él para inspeccionarlo.
La mujer resultó lesionada en el incidente, pero las autoridades no han revelado los nombres ni edades del resto de las personas atendidas por los paramédicos. La detonación dañó once vehículos particulares y dos patrullas de la corporación municipal. Ojocaliente se ubica a 50 kilómetros al sureste de Zacatecas, la capital estatal, gobernada por Morena.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó este lunes que ya trabaja en colaboración con las autoridades estatales para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables. Este atentado se produce apenas un mes después de que cinco cuerpos fueran colgados en un puente vehicular de la ciudad de Pánuco, ubicada a una hora de Ojocaliente.
Las primeras investigaciones tras aquel hallazgo revelaron que detrás de los homicidios estaba el Cartel de Sinaloa. La célula local de dicha organización, bajo el mando del grupo de Los Mayos y Cabrera, ordenó las ejecuciones de víctimas que incluían exfuncionarios locales y empresarios involucrados en actos de extorsión. La fiscalía local dijo a la prensa a finales de julio que varias de aquellas víctimas se reunieron con sus atacantes antes de ser asesinadas.
