Por Redacción
Ciudad De México, 31 de agosto de 2026.- En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la ONU, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) marchó en la capital del país para exigir que la problemática no se reduzca a folios o números, pues se trata de vidas humanas.
Las organizaciones enfatizaron que quienes desaparecen son mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, migrantes, personas de la diversidad sexual y de género, defensoras de derechos humanos y periodistas. El MNDM señaló que no bastan los registros ni los protocolos, reiterando que un registro no encuentra a una persona, un expediente no sustituye una investigación y una recomendación no transforma la realidad si no se cumple.
“Exigimos prevención, búsqueda, identificación y justicia. México necesita pasar de los diagnósticos a resultados concretos: prevención efectiva, búsqueda oportuna, investigación eficaz, identificación digna, justicia sin dilaciones y verdad para las familias”, indicó el movimiento.
La marcha coincidió con la condena de diversos colectivos tras el ataque a balazos sufrido el 29 de agosto por Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, en Culiacán, Sinaloa, mientras se encontraba con su familia. Los grupos exigieron justicia y el esclarecimiento inmediato de la agresión.
“Basta de normalizar que las familias tengamos que asumir tareas de búsqueda que corresponden al Estado”, expresaron las organizaciones civiles. Aunque México cuenta con un marco jurídico e institucional para garantizar la seguridad, insistieron en que es urgente pasar del papel a los hechos.
Estos desafíos están documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. En su informe ‘Desapariciones en México’, publicado el 11 de mayo de 2026, la CIDH emitió 40 recomendaciones donde reconoció el esfuerzo de los colectivos, pero advirtió sobre retos persistentes como respuestas tardías, investigaciones fragmentadas, impunidad, crisis de identificación y graves riesgos para quienes buscan.
Los participantes exigieron pasar de administrar la crisis de desaparecidos a erradicarla: de registrar desapariciones a impedir que ocurran; de recibir denuncias a buscar de inmediato; de abrir expedientes a investigar y sancionar; de localizar a identificar con certeza; de la justicia tardía a la efectiva; del silencio a la verdad; y de escuchar a las familias a construir con ellas las decisiones que les afectan.
