Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Un total de 18 congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal. Andrea Becerril informó que todo está listo para que en la sesión del próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada.
Los congresos que aprobaron la reforma son Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La reforma fue aprobada por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, y sólo en Baja California y Zacatecas por mayoría.
La reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. Becerril señaló que ello se debe a que hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida. Esto significa que a partir de abril, las pensiones millonarias de ex funcionarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafinsa) y otros organismos de banca múltiple se reducirán a 50 por ciento de la remuneración de la Presidenta.
El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato. Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales.
También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex, que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Asimismo, se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera. La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable. Sin embargo, trabajadores y sindicatos advierten que la reforma podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos adquiridos. Óscar Hernández señaló que parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación.
En el ámbito local, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) Nayarit alertaron al Congreso de Nayarit sobre los riesgos de una aprobación exprés de la reforma al artículo 137 de la Constitución local. El SUTSEM identificó varias inconstitucionalidades graves en la iniciativa propuesta por el gobernador Miguel Ángel Navarro, entre ellas la imposición de un doble tope y ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. El sindicato afirmó que cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal.
