Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó actos conmemorativos en Tijuana, mientras persiste la incertidumbre legal sobre Mario Aburto Martínez, quien cumple tres décadas de reclusión por ser considerado el autor material del homicidio.
La situación jurídica de Aburto se encuentra en un punto crítico tras que en 2023 un tribunal federal concediera un amparo anulando su sentencia original de 45 años, bajo el argumento de que debió aplicarse el Código Penal de Baja California, cuya pena máxima es de 30 años. Bajo este nuevo criterio, el sentenciado habría completado su condena en 2024, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, impugnó dicho fallo llevando el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se encuentra pendiente de resolución.
Durante las conmemoraciones, militantes priistas de Baja California, entre ellos Eva Baeza, Bernardo Saldaña Téllez, Miguel Valadez, Édgar Moreno y Luis López Moctezuma, participaron en los homenajes. Bernardo Saldaña Téllez, presidente de la Fundación Colosio, estuvo presente en los eventos que recordaron al excandidato presidencial, sin que se registraran declaraciones oficiales del dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, sobre el estatus del proceso judicial en curso.
Por su parte, la defensa legal de Mario Aburto, encabezada por el abogado Jesús González Schmal, mantiene la postura de que su cliente fue torturado para obtener la confesión y ha señalado que, de no confirmarse su liberación tras la resolución de la SCJN, acudirán a instancias internacionales. Hasta el momento, no se ha hecho pública la posición oficial del gobierno federal ni del PRI respecto a una posible excarcelación del sentenciado.
El caso permanece bajo escrutinio público mientras se espera que el máximo tribunal constitucional emita un dictamen definitivo que determine si Aburto Martínez recupera su libertad o si se mantiene la sentencia original, cerrando así un capítulo legal que ha perdurado por más de tres décadas desde el magnicidio que marcó la historia política de México.
