Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad, para exigir verdad y reparación integral a tres años del incendio que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Durante el acto, los colectivos acusaron que las 82 víctimas aún no reciben justicia efectiva y que los responsables de mayor jerarquía continúan impunes.
En un conversatorio llevado a cabo en la Ciudad de México, representantes de Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) detallaron las deficiencias en los procesos legales. Lorena Cano, del Imumi, expuso que actualmente no todos los afectados han recibido una reparación o compensación económica; específicamente, 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas, lo que les impide acceder a la reparación del daño.
Las organizaciones denunciaron que el Estado se niega a otorgar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes y señalaron que los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen mediante una justicia desigual. Mencionaron explícitamente el caso del ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público y, según los denunciantes, ha sido condecorado con otro cargo público.
Respecto al estatus judicial de los implicados en la tragedia, donde fallecieron 40 personas y resultaron heridas otras 27 (27 hombres y 15 mujeres), se informó que a la fecha únicamente hay cuatro personas en prisión. Por otra parte, siete individuos siguen su proceso en libertad, mientras que no existen sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada ni otros involucrados.
La conmemoración incluyó también un viacrucis en el puente internacional Santa Fe, convocado por varias organizaciones civiles como Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados y Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez. Los participantes enfatizaron que el caso no está cerrado y reclamaron el incumplimiento de las obligaciones estatales para garantizar la verdad y la justicia para los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes del incendio ocurrido hace tres años en la estación migratoria.
