Washington D.C., 02 de abril de 2026.- Un año después de que Donald Trump anunciara el 2 de abril de 2025 aranceles generalizados del 10% y de hasta el 50% para países con mayor déficit comercial con EE.UU., el Supremo ha declarado ilegales las medidas conocidas como aranceles recíprocos. A pesar de que Washington ha recaudado unos 264.000 millones de dólares con las tarifas, no se ha logrado reducir el déficit comercial ni se ha disparado la apertura de fábricas o la atracción de más inversión extranjera.
Al justificar el giro comercial en su momento, el presidente Trump afirmó: “Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado”. Desde la rosaleda de la Casa Blanca, Brian Pannebecke, trabajador jubilado del sector de la automoción, expresó su respaldo: “Apoyamos al 100% las políticas arancelarias del presidente” y añadió: “Le estamos profundamente agradecidos y en seis meses o un año empezaremos a ver los beneficios”.
En el ámbito internacional, Estados Unidos compra menos productos a China, aunque Pekín no vende menos al haber encontrado otros mercados. Por otro lado, la Unión Europea ha firmado el acuerdo comercial con el Mercosur, que llevaba décadas atascado. La economía estadounidense registra un crecimiento más débil, con un 2,1% el año pasado frente al 2,8% de 2024.
Paralelamente, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) señala en un informe que México obstaculiza la participación de las empresas estadounidenses en el sector energético. El documento indica que las últimas reformas legales en México dan prioridad a las empresas estatales Pemex y CFE, impidiendo la inversión de firmas estadounidenses. Según la USTR: “Las empresas privadas que operan en México a menudo no pueden participar de manera efectiva, o incluso no participar en absoluto, en el sector energético mexicano debido a las frecuentes demoras, los rechazos inexplicables o injustificados y la inacción respecto a las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones de los existentes”.
La normativa mexicana impone nuevas restricciones a los permisos de combustible, reduce la vigencia de los permisos de importación de 20 a 5 años y la de los permisos de comercialización de 30 a 2 años; cambios que no se aplican a Pemex. Esta situación marca un contraste con 2014, cuando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se abrió el sector a la inversión privada, y con 2018, cuando con la llegada de Andrés Manuel López Obrador la política energética dio un giro de 180 grados para centrarse nuevamente en las actividades estatales.
