Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió y ordenó la liberación de Javier ‘N’, el único detenido por el asesinato del líder comunitario Samir Flores, ocurrido en febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos. La decisión judicial, tomada la noche del viernes 13 de marzo, se basó en la insuficiencia de pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). La comunidad indígena de Amilcingo ha denunciado una investigación plagada de irregularidades, que incluye la muerte de dos testigos y la desaparición de un tercero.
El abogado defensor, Víctor Hernández Vega, confirmó la liberación de su cliente tras una audiencia que inició el pasado 16 de febrero en Xochitepec. Según reportes de medios, el juez determinó que las pruebas aportadas por la FGE no eran suficientes para sostener la acusación en contra de Javier ‘N’.
La comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, ha señalado graves anomalías en el proceso. Denuncian que la investigación estuvo marcada por la fabricación de detenidos, la siembra de pruebas, la elaboración de carpetas de investigación ‘a modo’ y la obtención de declaraciones falsas. Estos señalamientos apuntan directamente a la gestión del entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
La situación se agrava por el destino de los tres testigos que inicialmente presentó la Fiscalía. Dos de ellos han fallecido y el tercero se encuentra desaparecido, lo que deja sin sustento testimonial el caso y abre interrogantes sobre la integridad y protección de quienes colaboraron con las autoridades.
Samir Flores, reconocido opositor al proyecto de la termoeléctrica de Huexca, fue asesinado a tiros la mañana del 20 de febrero de 2019 frente a su domicilio. Su muerte conmocionó a la comunidad y a los movimientos sociales que se oponen al Proyecto Integral Morelos. La absolución del único detenido representa un severo revés en la búsqueda de justicia para su familia y seguidores.
Ante este fallo, la exigencia de la comunidad y de organizaciones de derechos humanos se centra ahora en que se realice una investigación real, independiente y transparente que esclarezca el crimen y sancione no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales y a quienes pudieron haber incurrido en irregularidades durante el proceso penal.
