Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y consideró que, ante los recientes intentos de desmantelar el sistema de justicia profesional, continuará con su defensa de la autonomía del Poder Judicial. La organización aseveró que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed indicó que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos. “Quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, tanto en activo como en retiro y que no formamos parte de la simulación de una elección, no respondemos a intereses facciosos”, señalaron los jueces y magistrados.
La asociación destacó que el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, agregaron. Asimismo, exigieron que se atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, solicitando perfiles experimentados sin contaminación partidista.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integraran por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renovaran paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento.
En el contexto de la reforma judicial aprobada en 2024 y declarada vigente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese año, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda. Previo a esto, en los últimos dos sexenios, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos con los cuales grupos trataron de frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales, incluyendo casos relacionados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
En materia electoral, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
