Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda capitalino, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente por la responsabilidad en el colapso de un edificio en la colonia San Antonio Abad, que dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo. El conflicto surge tras la demolición de un inmueble en la calle San Antonio Abad 124, cuya autorización fue negada inicialmente por detectarse diez riesgos graves, pero que se otorgó tres días después mediante un Acuerdo de Facilidades.
Rojo de la Vega señaló que, bajo dicho acuerdo, la supervisión de la obra, la coordinación del proceso y la garantía de seguridad recaían de manera obligatoria en las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. “La demolición debía ser supervisada por el gobierno capitalino mediante Acuerdo de Facilidades, que obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”, afirmó la alcaldesa, calificando la decisión de autorizar la obra como deliberada y no un error.
En respuesta, el secretario Inti Muñoz Santini sostuvo en una conferencia de prensa que la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin el acuerdo de facilidades. Esta contradicción deja en evidencia una disputa institucional sobre quién debió garantizar las condiciones de seguridad en el predio, mientras la investigación por el colapso fatal sigue su curso.
El permiso de demolición para el edificio, propiedad de una empresa aún no identificada públicamente, fue rechazado inicialmente el 17 de octubre por las autoridades locales tras detectarse riesgos estructurales considerados graves. Sin embargo, el 20 de octubre se autorizó la obra mediante el mecanismo especial de Acuerdo de Facilidades, un instrumento que suele agilizar trámites pero que en este caso derivó en tragedia.
El incidente ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc pone bajo la lupa los protocolos de supervisión y la coordinación entre el gobierno central de la CDMX y las alcaldías en obras de alto riesgo. Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de las víctimas mortales ni los detalles específicos de los riesgos detectados que llevaron al rechazo inicial del permiso.
El desastre ha reavivado el debate sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión urbana de la capital, especialmente en colonias con alta densidad de construcción y antigüedad. Se espera que las investigaciones forenses y administrativas determinen las causas técnicas del colapso y asignen responsabilidades, mientras familiares de las víctimas y vecinos exigen justicia y mayores garantías de seguridad.
