Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone un techo a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas. La modificación, discutida el 25 de marzo de 2026, incluye aplicación retroactiva y fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de su estrategia contra las llamadas “pensiones doradas”.
De acuerdo con los términos de la reforma, el monto máximo de las pensiones se limita a la mitad de la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo federal. Cifras reportadas en el debate sitúan este tope en aproximadamente 70,000 pesos. El nuevo ordenamiento excluye explícitamente a las Fuerzas Armadas, así como a las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
La sesión legislativa estuvo marcada por la tensión en los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, donde jubilados de empresas públicas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro intentaron ingresar por la fuerza para protestar contra la iniciativa. En el interior del recinto, la votación presentó datos contradictorios entre distintas fuentes: mientras algunos reportes indican una aprobación unánime con 458 votos a favor, otros registros detallan 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones.
Durante el debate, la diputada Margarita Zavala cuestionó la validez jurídica del dictamen, sosteniendo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Zavala señaló que los legisladores emitieron su voto basándose en información imprecisa o falsa respecto a los alcances de la medida sobre los derechos adquiridos.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa pese a su inconformidad con el procedimiento. El legislador advirtió sobre los riesgos de la retroactividad y las omisiones relevantes en el dictamen, afirmando que, aunque están en contra de las pensiones doradas, consideran que la estrategia de Morena no es eficaz para eliminarlas realmente.
Con esta aprobación en la Cámara baja, la reforma avanza en el proceso legislativo para modificar el marco jurídico que regula las percepciones de los servidores públicos retirados. El texto aprobado también incorpora lenguaje inclusivo en el decreto, reflejando cambios formales en la redacción constitucional solicitados por la fracción mayoritaria.
