Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público. La modificación al artículo 127 de la Constitución fija que las jubilaciones no podrán rebasar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, aproximadamente 70,000 pesos mensuales.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya cuenta también con aprobación del Senado de la República, donde se registraron 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. El objetivo declarado de la reforma es eliminar las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios de altos mandos.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, defendió la medida como una corrección de privilegios acumulados en el servicio público. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, anunció que su bancada votaría a favor de la reforma aunque expresó inconformidad por omisiones en el texto y posibles riesgos de retroactividad.
La aprobación legislativa generó movilizaciones de grupos de jubilados y pensionados tanto en los accesos del Palacio Legislativo en la Ciudad de México como en Baja California, frente al Congreso local. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, manifestó preocupación por los efectos que podría tener la reforma sobre pensiones ya establecidas.
Las protestas reflejan el debate central en torno a la iniciativa: mientras legisladores oficialistas presentan la reforma como un mecanismo de justicia social y responsabilidad fiscal, sectores afectados advierten sobre consecuencias retroactivas que podrían impactar derechos adquiridos.
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma avanza en el proceso legislativo para su eventual publicación y entrada en vigor, aunque persisten cuestionamientos sobre su implementación concreta y alcance definitivo.
