Nueva York, 26 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución histórica impulsada por Ghana y respaldada por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom), la cual declara la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada como un crimen contra la humanidad. La votación registró 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones, marcando un hito político no vinculante que cuestiona la cicatriz duradera dejada por tres siglos de explotación.
Los únicos países que votaron en contra de la iniciativa fueron Estados Unidos, Israel y Argentina. Durante el debate, el representante de Estados Unidos, Dan Negrea, explicó que su nación no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. Negrea calificó el texto de problemático en numerosos aspectos, señalando que promueve agendas específicas y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo e informes costosos.
Por el contrario, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien presentó la resolución ante el hemiciclo, destacó que su adopción sirve como una garantía contra el olvido. Mahama enfatizó que este paso es fundamental para abordar las consecuencias persistentes de un sistema que devastó comunidades y destruyó familias a lo largo de la historia.
El secretario general de la ONU, António Guterres, se pronunció sobre la aprobación describiendo la esclavitud como un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana. El mandatario internacional subrayó la necesidad de trabajar activamente por la verdad, la justicia y la reparación frente a los efectos de este régimen de explotación.
Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, se considera un precedente importante en materia de memoria histórica y justicia. El documento fue celebrado por la delegación de Trinidad y Tobago en representación de Caricom, que aseguró que la implementación se hará de forma colaborativa y en sintonía con las prioridades de la región, mientras que la mayoría de los miembros de la Unión Europea se abstuvieron durante la votación.
Esta decisión llega en un contexto donde se busca reconocer la magnitud de un crimen que afectó a millones de personas y cuyas ramificaciones continúan presentes en formas de desigualdad y discriminación. La aprobación abre un camino político para discutir mecanismos de disculpa formal, restitución y garantías de no repetición, a pesar de la oposición de potencias que niegan la obligación jurídica de indemnizar por eventos ocurridos hace siglos.
