Temoac, 28 de marzo de 2026.- La activista Sandra Rosa Camacho Flores fue asesinada este jueves alrededor de las 14:30 horas en el municipio de Temoac, Morelos, en un ataque perpetrado por sujetos armados no identificados. El crimen ocurre en un contexto de violencia contra figuras políticas locales, marcando el segundo asesinato de esta naturaleza en el municipio durante lo que va del año 2026.
El atentado se registró específicamente en el barrio de San José, dentro de la Privada Terán, donde los agresores interceptaron a la líder social y abrieron fuego en su contra. Pese a la intervención de paramédicos en el lugar, se confirmó su fallecimiento. Tras el hecho, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional acordonaron la zona para preservar el sitio del suceso mientras las autoridades competentes iniciaban las diligencias correspondientes.
La víctima había ganado relevancia pública en agosto de 2025, cuando denunció ante la gobernadora Margarita González la presunta infiltración de grupos criminales en la estructura del ayuntamiento de Temoac. En dichas declaraciones, Camacho Flores señaló el hostigamiento sistemático a comerciantes mediante el cobro de piso e identificó específicamente a familiares del alcalde Valentín Lavín Romero como presuntos responsables de estas actividades ilícitas.
Medios de comunicación como debate.com.mx han reportado que el móvil del ataque está directamente vinculado a las denuncias públicas realizadas por la activista sobre la corrupción municipal y la operación de células delictivas en la región oriente de la entidad. La muerte de Camacho Flores ha puesto nuevamente en la mira la crisis de seguridad que afecta a los líderes sociales que se oponen a la delincuencia organizada en Morelos.
Hasta el momento, la investigación se encuentra en sus etapas iniciales bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado, sin que se haya divulgado información adicional sobre la identificación o captura de los autores materiales del homicidio. Este hecho se suma a la serie de agresiones documentadas contra servidores públicos y activistas en la zona, evidenciando los riesgos que enfrentan quienes exponen vínculos entre autoridades locales y el crimen organizado.
