abril 9, 2026
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Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa se aprobó en lo general con 377 votos a favor y 102 en contra.

La iniciativa contó con el respaldo de la alianza Morena-PVEM-PT y del opositor Movimiento Ciudadano (MC). El PAN y el PRI votaron en contra. Al inicio de la sesión, la diputada Carmen Rocío González, del PAN, así como los diputados César Domínguez y Erubiel Alonso, ambos del PRI, interpusieron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.

La reforma establece que el Ayuntamiento estará integrado, además de por un presidente o presidenta municipal, por una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva. La reforma precisa que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

La reforma indica que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución. La reforma quedó aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República.

La reforma no contempla modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal. El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, fundamentó el proyecto asegurando que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales.

El diputado Reginaldo Sandoval anunció que el Partido del Trabajo (PT) respaldará la minuta del llamado Plan B de reforma electoral. El legislador subrayó que la bancada votará en el Pleno de San Lázaro a favor en los términos aprobados por el Senado y declaró: “La vamos a acompañar con toda contundencia”.

Laura Cristina Márquez señaló: “Las madres buscadoras no tienen consuelo ni justicia, los enfermos no tienen atención ni medicinas ni hospitales, los niños, los jóvenes ven caerse sus esperanzas sin bancas ni responsabilidad educativa. Las personas viven con miedo y tienen que tolerar a estas personas de acá. México se rezaga y no lo quieren ver, ya rompan el pacto, rompan el pacto ahora por las familias de México, déjense de sus narcoprotecciones y su narco silencio, vamos a trabajar realmente por México y ejerzamos la democracia en un sentido de reconocimiento, porque el voto, el voto que nos diste es para que no tengas miedo, no para que vengan a mentirte, a robarte y a traicionarte”.

Abigail Arredondo Ramos mencionó: “Esta reforma es incongruente porque el supuesto ahorro de recursos será insignificante frente al dispendio que hay todo el tiempo desde la federación con sus obras faraónicos e inservibles, obras como ya lo sabemos, y aquí lo hemos repetido, pero lo vamos a decir nuevamente, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, que se descarrilan por ciento y también han cobrado vidas. ¿Y qué ha pasado con eso o a quién han castigado? La refinería de Dos Bocas, que se inunda y se incendia y no refina. Y el AIFA, que en los últimos días ha generado polémica por ta…”. En los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026.

Se estipula que, a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto, el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes y la reducción no podrá afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras.

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