Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, exigiendo la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio, logrando detener los trabajos de construcción del complejo petroquímico.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían el cerco permanente hasta conseguir la cancelación de los permisos federales. “Nosotros tomaremos la instalación el lunes (15 de junio) hasta tener resultados”, declaró Montaño Valenzuela, quien también es identificado como el cobanaro de Ohuira. Ante la falta de respuestas, el líder advirtió: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”.
Los manifestantes sostienen que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a miles de habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán. El colectivo ¡Aquí no! señala que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río. “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, afirmó Montaño Valenzuela.
La planta, que lleva un 88% de avance y pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco, ha generado controversia desde que el conflicto inició en 2014. Según reportes, se han rellenado 28 hectáreas de humedales y se han tumbado manglares en la bahía de Ohuira, sitio declarado RAMSAR, lo que ha provocado que parte de la fauna comience a migrar. El proyecto está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank.
Entre los riesgos técnicos señalados, se indica que la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando el agua en la bahía con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó de posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en 45 kilómetros a la redonda, impactando a más de 40,000 personas.
En medio del conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena señaló que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales”. La Semarnat informó que ha iniciado una revisión técnica y científica exhaustiva del proyecto.
La protesta ha trascendido fronteras, pues ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados a la obra.
