Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México. La CNDH sostuvo que la decisión del comité de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional.
El organismo nacional afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares. La CNDH cuestionó que el comité haya privilegiado posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años.
En cuanto al marco legal, la CNDH argumentó que, antes de una intervención de esa naturaleza, debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional. El organismo acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado, relativos a las condiciones para su intervención.
Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de ‘tendencioso’ y con ‘falta de rigor jurídico’. La CNDH consideró que el Comité de la ONU sobre la Desaparición Forzada es un grupo de expertos que actúan a título personal en su informe.
Respecto a las cifras, la CNDH aseveró que los casos de desaparición forzada ‘han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer’. La comisión recordó que desde 2023 ha advertido del uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas.
En contraste, Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias. El colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras por parte del gobierno federal tras la publicación del informe de la ONU.
El colectivo señaló que no existen motivos para que el gobierno mexicano tome una postura defensiva ante el informe. El colectivo destacó que en el informe del CED se subraya que esfuerzos del Estado han resultado ineficaces e insuficientes, lo que se traduce en una impunidad casi absoluta.
Finalmente, el colectivo indicó que el Comité concluye que las autoridades responsables siguen rebasadas por la magnitud de los crímenes, haciendo indispensables cambios estructurales profundos.
