Ciudad De México, 01 de abril de 2026.- Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados establecieron el calendario para la votación del Plan B electoral. El proyecto de dictamen se discutirá y votará en el Pleno el miércoles 8 de abril.
El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, informó que desde el lunes 30 de marzo las áreas técnicas de las comisiones se reunieron para integrar a la minuta del Senado los elementos necesarios para presentar el proyecto de dictamen. Se esperaba que el 31 de marzo estuviera listo el proyecto y se circulara a todos los integrantes de las comisiones.
“La propuesta de calendario que estamos elaborando al interior de las comisiones unidas es que este martes, seguramente por la tarde, estaremos en posibilidades de enviar el proyecto de dictamen a todas y todos los diputados integrantes de ambas comisiones y con ello cumplir los plazos que marca el proceso legislativo”, dijo Lobo Román.
El próximo martes 7 de abril se realizará la reunión de las juntas directivas y posteriormente la tercera reunión extraordinaria de comisiones unidas. A pesar de que el título de la minuta remitida por el Senado incluye una referencia al fortalecimiento de la revocación de mandato, se decidió no modificarlo para no devolver con cambios el documento a la Cámara de origen.
Lo referente a la revocación de mandato en el Artículo 35 constitucional no fue aprobado por el Senado, por lo que no se puede incluir esta materia en el dictamen. El senador de Morena Luis Fernando Salazar explicó que uno de los objetivos centrales del Plan B era modificar el artículo 35 constitucional para empatar la revocación de mandato con la elección federal de 2027, pero no se alcanzaron los votos necesarios.
“Buscábamos adelantar y empatar la revocación de mandato… pensábamos que era una buena idea empatarlo con el proceso electoral”, señaló Salazar. Sin embargo, el legislador defendió los alcances de la reforma: “Nosotros pensamos que es un logro porque se alcanzan cosas importantes, sobre todo en materia de austeridad”.
Salazar aseguró que los cambios del Plan B permitirán ahorros de alrededor de 4000 millones de pesos. Dijo que hubo avances en materia presupuestal con reducciones en organismos electorales y límites al gasto legislativo. Rechazó que la reforma vulnere la autonomía de los estados.
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación anunció una restructuración profunda de su funcionamiento, que incluirá ajustes internos, reducción de cargos burocráticos y reorganización operativa, así como disminuciones salariales en mandos medios y superiores.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios, presentó la estrategia institucional que contempla reingeniería para hacer más eficientes los procesos de revisión del uso de fondos públicos. “Lo que queremos es hacerla mucho más moderna, al servicio de ustedes y de lo que está esperando la ciudadanía”, subrayó.
Hernández Palacios indicó que la transformación de la ASF no implica ampliar la estructura administrativa ni pedir más recursos. “No pedimos más recursos ni más burocracia, sino que nos acompañen a lograr más coordinación y eficientar nuestro trabajo para lograr mejores resultados”, añadió.
En el Senado, la reducción paulatina de 15 por ciento en el presupuesto, establecida en la reforma electoral, entrará en vigor en 2027, pero desde 2026 puso en marcha un programa de austeridad y racionalidad. El presupuesto del Senado para 2026 es de 5 mil 100 millones de pesos.
El programa de austeridad del Senado incluye cerrar la contratación de plazas y reducir al máximo los gastos administrativos. Poco más de 3 mil millones anuales del presupuesto se destinan al pago de remuneraciones de los 128 senadores, funcionarios de nivel alto y medio y personal de base, de confianza y por honorarios.
Cerca de 2 mil millones de pesos son para apoyo a los grupos parlamentarios y los otros gastos de la Cámara, que no se tocarán con el plan de austeridad. Además de no contratar más plazas, el plan propone reducir al mínimo indispensable los gastos de materiales y suministros, así como adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina.
