abril 7, 2026
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Morelia, 07 de abril de 2026.- Comuneros de Arantepacua tomaron las calles de esta capital para exigir justicia por la represión policial ocurrida el 5 de abril de 2017, evento que dejó cuatro personas muertas. Durante la movilización, que inició alrededor de las 10:30 de la mañana, los manifestantes quemaron vehículos, causaron múltiples destrozos y realizaron pintas con la consigna “5 de abril no se olvida”.

Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, inmueble que atacaron con cohetones. Los actos vandálicos incluyeron el incendio de camiones repartidores de agua, la quema de un camión de una empresa panadera sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas y el saqueo de un camión de jugos. También se documentó la toma y vandalismo de una camioneta de gas LP, una motocicleta repartidora y una camioneta de paquetería.

El contingente arribó a la Secretaría de Educación del Estado, donde rompieron cristales, y continuó hacia otros edificios como la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, donde se reportó la irrupción y sustracción de expedientes. Asimismo, fueron vandalizados una sucursal bancaria, la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Infonavit, el Instituto de la Juventud Moreliana y dos tiendas.

Se registraron agresiones directas contra elementos de la Guardia Civil; se documentó la toma de una de sus camionetas, cuyo conductor fue golpeado. Una camioneta del Gobierno de México también resultó dañada. Al llegar al Poder Judicial del Estado de Michoacán, los manifestantes colocaron dos lonas con consignas contra el exgobernador Silvano Aureoles y causaron destrozos en el lugar.

Los hechos obedecen al noveno aniversario de la irrupción policial en la comunidad indígena de Arantepacua. La tarde del 5 de abril de 2017, bajo la instrucción del entonces gobierno de Silvano Aureoles, un operativo policial cobró la vida de Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo y Luis Gustavo Hernández Coherentes. En ese evento también se denunciaron detenciones arbitrarias, actos de tortura y cateos ilegales, incluyendo la detención violenta de 38 representantes el día anterior.

En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la policía estatal hizo uso excesivo, ilegal y desproporcionado de la fuerza. Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión contra funcionarios responsables, entre ellos el exgobernador Silvano Aureoles.

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