Nuevo México, 25 de marzo de 2026.- Un jurado condenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, al pago de 375 millones de dólares por daños, tras determinar que la empresa no protegió adecuadamente a los menores en sus redes sociales y ocultó hallazgos internos sobre los riesgos que estas plataformas representan para los jóvenes. El veredicto, resultado de un juicio de seis semanas en el que declararon 40 testigos, marca un precedente legal sobre la responsabilidad de las grandes tecnológicas en la seguridad infantil.
La fiscalía del estado de Nuevo México acusó a la compañía de violar las leyes estatales de protección al consumidor y de engañar a los residentes sobre la seguridad de sus aplicaciones. Linda Singer, abogada representante de la fiscalía, argumentó durante el proceso que los algoritmos de Meta dirigían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes y que la corporación retuvo información clave sobre los peligros a los que se exponen los menores.
Como parte de las pruebas presentadas ante el tribunal, se exhibieron cientos de documentos, informes y correos electrónicos que sustentaron la acusación de que la empresa priorizó el crecimiento y la interacción de usuarios por encima de la implementación de salvaguardas eficaces. El jurado concluyó que Meta violó deliberadamente la ley estatal de prácticas desleales e incurrió intencionalmente en una práctica comercial abusiva.
Tras conocerse la sentencia, un portavoz de Meta emitió una declaración indicando que la empresa respeta el proceso pero no está de acuerdo con el resultado. “Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y apelaremos”, señaló el representante, añadiendo que la compañía trabaja arduamente para mantener seguras a las personas en sus plataformas y es clara sobre la complejidad de identificar y eliminar a actores malintencionados.
Este caso es destacado como uno de los primeros relacionados con redes sociales y seguridad infantil que llega a un veredicto final de un jurado en Estados Unidos. La cifra de 375 millones de dólares, aunque significativa, fue notoriamente inferior a la sanción civil que la fiscalía instó al jurado a imponer, la cual podría haber superado los 2,000 millones de dólares basándose en el número de infracciones detectadas.
La condena ocurre en un contexto de creciente presión judicial y regulatoria contra las grandes tecnológicas en Estados Unidos por el impacto de sus plataformas en menores de edad. Mientras este proceso concluye en Nuevo México, otros litigios similares se encuentran en deliberación en distintas jurisdicciones, lo que podría definir los límites de responsabilidad legal de las redes sociales en el futuro cercano.
