Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) condicionó su respaldo en el Senado a la iniciativa conocida como ‘Plan B’ de la reforma electoral, al exigir correcciones en la redacción de artículos considerados ambiguos respecto a la consulta de revocación de mandato presidencial. La postura fue expresada por el senador Alejandro González Yáñez, quien señaló la necesidad de precisar si el proceso se realizará al tercer o cuarto año del gobierno, así como definir las normas sobre la promoción de dicha consulta.
Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, advirtió sobre los posibles “riesgos de Estado” e “inestabilidad” que podrían derivarse de aprobar la iniciativa en su forma actual. Según el legislador, la falta de claridad podría resultar en presidencias de tres años y dar lugar a campañas para remover al titular del ejecutivo desde el primer día de su administración, lo cual considerarían un escenario de vulnerabilidad institucional.
La Comisión Nacional Ejecutiva del PT se reunió para analizar el proyecto y solicitó a sus seis senadores reflexionar su voto, dado que su apoyo es determinante para la aprobación de la reforma. Sin la suma de estos legisladores, la iniciativa no lograría los votos necesarios en la Cámara Alta, por lo que las negociaciones con la bancada de Morena, encabezadas por el coordinador Ignacio Mier, resultan cruciales para el desenlace del proceso legislativo.
Entre las preocupaciones centrales del partido aliado figura la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum pueda promover activamente la consulta en su favor, aunque no existe claridad en el texto sobre si otros partidos políticos tendrían las mismas facultades de promoción. Esta incertidumbre ha motivado la solicitud de ajustes técnicos antes de cualquier compromiso de voto en el pleno senatorial.
Hasta el momento, no se ha definido una postura final del PT ni se conoce el resultado concreto de las reuniones de negociación con Morena. La discusión se centra en eliminar la ambigüedad que, según los petistas, podría alterar la duración del periodo presidencial y modificar las reglas de participación política durante el primer año de gobierno.
