Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos sufridas por Ernestina Ascencio en 2007, en el estado de Veracruz, determinando vulneraciones al derecho a la vida, a la salud y a la protección judicial, así como la falta de perspectiva de género e interseccionalidad en el manejo del caso.
El fallo, notificado este miércoles, responde a las denuncias presentadas hace casi dos décadas sobre la agresión sexual y posterior muerte de la mujer indígena nahua, presuntamente perpetrada por elementos del Ejército mexicano. La Corte identificó que las autoridades nacionales no garantizaron el acceso a la justicia ni realizaron una investigación diligente, lo que derivó en la impunidad de los hechos y en la revictimización de los familiares de Ascencio.
De acuerdo con el contexto del caso, la sentencia subraya la afectación a la integridad personal de los familiares de la víctima debido a la obstrucción de las garantías judiciales y la falta de atención médica adecuada en los momentos críticos. El organismo internacional destacó que el Estado falló al no aplicar un enfoque diferenciado que considerara la condición de género, etnia y vulnerabilidad social de Ernestina Ascencio.
La Secretaría de Gobernación (Segob) ha recibido la notificación del fallo, el cual obliga al Estado mexicano a implementar medidas de reparación integral y de no repetición. Aunque los detalles específicos de las indemnizaciones y las acciones concretas ordenadas por la Corte serán desglosados en los próximos días por las autoridades federales, el precedente sienta una obligación vinculante para el país en materia de justicia para pueblos indígenas y mujeres.
Este pronunciamiento judicial reabre el debate sobre la presencia de fuerzas castrenses en tareas de seguridad pública y su interacción con comunidades originarias, marcando un hito en la jurisprudencia regional sobre la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas en México. Se espera que en los próximos meses el Estado presente un plan de cumplimiento ante la supervisión de la Corte IDH.
