Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- En medio de críticas por el potencial efecto regresivo para la democracia, las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado discuten los cambios propuestos en el ‘Plan B’ de reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que incluyen modificaciones a la regulación de la revocación de mandato. Paralelamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por las medidas de seguridad aplicadas en 40 de sus inmuebles, las cuales han limitado el trabajo periodístico.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, lideran el análisis de las propuestas que buscan alterar el artículo 35 constitucional. La discusión se centra en el alcance de la reforma y sus implicaciones para los mecanismos de participación ciudadana, aunque hasta el momento no se ha divulgado la redacción final ni el resultado concreto de las deliberaciones en las cámaras.
José Woldenberg, expresidente del IFE/INE, ha elevado la voz de alerta respecto a las iniciativas presentadas por el gobierno federal. Sus críticas se enfocan en los riesgos que estas modificaciones representan para el sistema democrático mexicano, señalando un posible retroceso en las garantías electorales consolidadas en años anteriores. Sin embargo, la investigación disponible no detalla declaraciones textuales específicas ni la postura oficial de Morena y sus aliados frente a estas observaciones.
En un frente distinto pero relacionado con el clima electoral, el INE ha implementado un esquema de seguridad reforzado que abarca 40 instalaciones. Esta decisión ha generado reproches por obstaculizar la cobertura de los medios de comunicación, sumando tensión al debate sobre la transparencia y el acceso a la información en el proceso de reforma. No obstante, no se ha registrado una reacción oficial del instituto que responda puntualmente a estas críticas sobre las restricciones impuestas.
La ausencia de información detallada sobre el contenido específico del ‘Plan B’ y la posición de los grupos parlamentarios mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la legislación electoral. Mientras los legisladores continúan sus trabajos en la Ciudad de México, la sociedad civil y los expertos observan con atención los movimientos en el Senado, a la espera de que se definan los alcances reales de la transformación propuesta por la administración de Sheinbaum.
