Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- La muerte de Royer Pérez Jiménez bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, sumada a la detención arbitraria de la periodista Estefany Rodríguez, ha puesto en evidencia un patrón de abuso de autoridad durante el segundo mandato de Donald Trump. Desde el inicio de esta administración, 46 personas han fallecido mientras estaban bajo la custodia de la agencia migratoria, generando condenas internacionales y exigencias de investigación por parte del gobierno mexicano.
El caso de Royer Pérez Jiménez, un joven mexicano que perdió la vida en un centro de detención, es calificado por el ICE como un “presunto suicidio”. Sin embargo, el gobierno de México, encabeado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha cuestionado esta versión oficial y exige una investigación profunda, insinuando que las circunstancias del deceso podrían no ser concluentes. Hasta el momento, no se ha especificado la causa médica o forense oficial definitiva que cierre el caso.
Paralelamente, la periodista Estefany Rodríguez fue detenida por autoridades migratorias bajo el argumento de que su visa expiró en 2021 y carece de estatus legal. Su equipo legal contradice esta postura, afirmando que la migrante no asistió a citas obligatorias debido a que estas fueron reprogramadas sin notificación adecuada. Para su liberación, se estableció una fianza de 10,000 dólares, mientras persiste la incertidumbre sobre el estatus actual de su proceso de asilo político y los detalles específicos de las acusaciones en su contra.
La investigación revela también el uso indebido de la agencia migratoria en disputas personales. Paolo Zampolli, amigo del presidente Trump, está involucrado en un caso donde se alega la instrumentalización del ICE en un conflicto de custodia familiar que involucra a su exesposa brasileña. Este episodio se suma a reportes sobre la deportación sistemática de padres sin considerar la situación de sus hijos, lo que dibuja un escenario de políticas migratorias severas y posiblemente discriminatorias.
Organizaciones como la Comisión de Mujeres Refugiadas y Médicos por los Derechos Humanos han documentado estas irregularidades, mientras el abogado Mike Holley representa a las víctimas en un contexto legal hostil. Las contradicciones entre las versiones del gobierno estadounidense y los defensores de los migrantes han derivado en protestas y llamadas de atención diplomáticas.
Ante la escalada de incidentes, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura de vigilancia diplomática, aunque no se ha hecho público el contenido específico de la segunda carta diplomática enviada a Washington para exigir respuestas. La situación mantiene tensa la relación bilateral en materia migratoria, con la comunidad internacional atenta a los desenlaces de estos casos que marcan el rumbo de la política de inmigración en Estados Unidos.
