Chilapa, 31 de mayo de 2026.- Desde el 6 de mayo, autoridades indígenas locales denunciaron la intensificación de ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, pertenecientes al municipio de Chilapa, Guerrero. Los hechos fueron realizados durante más de ocho horas con armas de alto calibre y bombardeos con drones.
Estos ataques provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas, según denunció el Congreso Nacional Indígena (CNI). Las comunidades afectadas integran el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y han sido víctimas de asesinatos, desapariciones, hostigamiento y amenazas.
De acuerdo con reportes de autoridades indígenas, en los últimos 12 años el crimen organizado, específicamente el grupo ‘Los Ardillos’, ha asesinado por lo menos a 81 personas y desaparecido a otras 25 en la región. El incremento de hechos de violencia se registra por lo menos desde 2014 en la Montaña Baja de Guerrero, un territorio disputado por grupos criminales.
Se indicó que los ataques buscan desarticular la organización indígena que ha resistido al crimen organizado y a los megaproyectos extractivos. El desplazamiento forzado supone para las familias el abandono de todo medio de sustento económico.
Antecedentes de esta situación señalan que en 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a las autoridades acciones para garantizar la vida, integridad y seguridad de las comunidades del Cipog-EZ.
