Veracruz, 25 de marzo de 2026.- Organizaciones ecologistas, legisladores y comunidades costeras denunciaron la existencia de un derrame de hidrocarburos que abarca 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México, con registros de al menos 12 animales muertos y afectación en 51 sitios, mientras autoridades federales y estatales minimizan la magnitud del evento.
De acuerdo con reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y Greenpeace, el vertimiento comenzó a detectarse entre el 1 y 2 de marzo de 2026. La contaminación ha impactado 42 localidades en Veracruz y nueve en Tabasco. Entre los daños ecológicos confirmados se encuentran la muerte de siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano.
La situación ha generado una contradicción pública respecto a la dimensión del desastre. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que las playas se encuentran limpias y calificó los reportes de contaminación como “gotas”, postura que contrasta con las evidencias presentadas por activistas y la sociedad civil que describen un derrame extenso con graves consecuencias para los ecosistemas.
Pescadores de la comunidad de Pajapan, en Veracruz, han reportado la suspensión de sus actividades debido a la presencia de hidrocarburos, lo que ha derivado en pérdidas económicas para el sector pesquero y turístico de la región. El activista Obet Hernández y representantes de Oceana, como su directora ejecutiva Renata Terrazas, han elevado la voz para exigir acciones contundentes ante la crisis ambiental.
Ante la discrepancia en los reportes de avance, Petróleos Mexicanos informó el 19 de marzo que las labores de limpieza tenían un progreso de aproximadamente 85 por ciento. Sin embargo, la Red Corredor Arrecifal sostiene, basada en reportes comunitarios, que la cobertura de atención es desigual y que el arribo de petróleo a las costas continúa, lo que mantiene la alerta en las comunidades afectadas.
Legisladores del partido Movimiento Ciudadano, entre ellos la diputada Laura Ballesteros y el diputado Sergio Gil, han exigido la activación inmediata del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y la instalación de una mesa de crisis interinstitucional. La procuradora estatal del Medio Ambiente, Ángel Carrizales López, y la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, son las autoridades llamadas a responder ante la emergencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la presión para coordinar una respuesta federal efectiva, mientras la mancha de hidrocarburos ha sido detectada también en Tamaulipas, obligando a ese estado a intensificar sus medidas de vigilancia. La crisis ambiental pone a prueba la capacidad de respuesta del gobierno frente a las denuncias de ocultamiento de información y la protección de la biodiversidad del Golfo de México.
