Por Redacción
Torreón, 21 de marzo de 2026.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón protagonizaron una protesta en la presidencia municipal para denunciar presuntos actos de corrupción y hostigamiento laboral dentro de la Dirección de Ingresos de la Tesorería. Los empleados aseguraron que personal contratado externamente está realizando las funciones que les corresponden, lo cual les impide trabajar y allegedly facilita la comisión de irregularidades con dinero recuperado de deudores del impuesto predial.
Rosalva Rodríguez, secretaria general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Servicio de Transporte y Ramas Similares (SUETSRT), encabeza las quejas junto con los afectados, quienes señalaron directamente al subdirector de Ingresos, Miguel Ramos, y al director del área, Roberto Barrios. Según la denuncia de los trabajadores, la presencia de este “personal externo” en las oficinas de la Plaza Mayor desplaza a los empleados de base, creando un escenario propicio para lo que denominan “tranzas” con los recursos municipales.
Ante las acusaciones, el alcalde Román Alberto Cepeda González reconoció la inconformidad pero la atribuyó a procesos de reestructuración. El edil defendió al director Roberto Barrios y explicó que los cambios responden a “ajustes” destinados a mejorar la eficiencia del área de recaudación. Cepeda González negó que exista un riesgo laboral para los trabajadores y calificó las denuncias de corrupción como “argumentos que se respetan y validan”, aunque insistió en que se trata de consecuencias naturales de los reacomodos administrativos.
La tensión se concentra en la división de espacios operativos: mientras el personal externo y el subdirector Miguel Ramos permanecen en el área de Ingresos ubicada en la Plaza Mayor, las oficinas de Rezagos y Notificaciones de la Tesorería siguen operando en el edificio del antiguo Banco de México, en avenida Morelos y calle Cepeda. Los sindicalizados buscaron audiencias con el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, y con el tesorero Javier Lechuga Jiménez, para escalar sus denuncias sobre la imposibilidad de ejercer sus funciones.
El conflicto surge en un contexto de crecimiento significativo del presupuesto municipal. Mientras que en 2022 el Ayuntamiento de Torreón ejerció 2 mil 850 millones de pesos, el presupuesto actual para 2026 asciende a casi 6 mil millones de pesos. Los trabajadores mantienen su postura de que la inclusión de personal ajeno al sindicato no solo vulnera sus derechos laborales, sino que pone en riesgo la transparencia de los fondos recuperados por concepto de deuda predial, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas documentales concretas de las malversaciones ni detalles específicos sobre la contratación de los externos mencionados.
