Por Redacción
Tijuana, 27 de agosto de 2026.- Cinco despachos de cobranza, contratados mediante adjudicación directa o invitación restringida, han recuperado cuentas de usuarios domésticos con retraso de tres meses, generando ingresos que superan los 400 millones de pesos únicamente en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). Según el Semanario ZETA, estas empresas se distribuyen los sectores de Tijuana y Playas de Rosarito para notificar y dar seguimiento al cobro del recurso hídrico.
De este monto total, tres de las cinco empresas cotejadas habrían cobrado 380 millones de pesos en lo que va de la administración actual. Esta cifra corresponde entre el 20 y 25 por ciento de la recaudación que se les atribuye. La investigación señala que los cinco despachos reciben una comisión del 5 por ciento más alta que la que percibía la misma Fisamex.
El reporte indica que dos de estas empresas pertenecen a hijos de José Luis Hernández Silerio, socio del ex secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez. Entre los propietarios identificados se encuentra Josel Hernández Barroso, propietario de la empresa BHA y Asociados, hermano de Luis Fernando y familiar de Hernández Silerio.
La CESPT, dirigida actualmente por Mónica Vega y anteriormente por Víctor Amador Barragán y Jesús García Castro, ha implementado estos esquemas para recuperar hasta 265 mil cuentas rezagadas, lo que representa un estimado del 40 por ciento de usuarios que no pagan. De un total de 750 mil usuarios activos reportados en diciembre de 2025, 664 mil corresponden a usuarios domésticos.
Aunque el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda criticó e inició investigaciones administrativas y penales contra Fisamex por medidas de extorsión al cobrar el 20 por ciento por derechos de conexión al sector industrial y comercial, la actual administración ha decidido utilizar un esquema similar ampliado a toda la población. La única diferencia señalada es que las comisiones de agua de Baja California utilizaron mecanismos mucho más suaves para evitar reclamos e inconformidad ciudadana.
Guillermo Rivera, abogado que combatió mediante amparos los actos abusivos de Fisamex durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, refirió sobre este tipo de despachos de cobranza, aunque la investigación no detalla la totalidad de sus declaraciones.
