Santa Ana, 04 de junio de 2026.- Jamshid Ghomi, director ejecutivo de una empresa tecnológica con sede en Irán, fue detenido este miércoles tras ser acusado en una denuncia penal federal de violar las sanciones estadounidenses contra Irán.
Según la acusación, Ghomi adquirió sofisticados equipos de redes, seguridad y cifrado de origen estadounidense para clientes iraníes, incluidos los centros nucleares y militares del régimen. El Departamento de Justicia señaló que el empresario se enriqueció suministrando esta tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán y a otras entidades sancionadas responsables del programa nuclear iraní.
Ghomi, de 63 años y residente de Newport Coast, California, posee nacionalidad estadounidense e iraní. Es fundador, propietario y director ejecutivo de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), una empresa de redes informáticas basada en Teherán cuyas ventas anuales superaban los 10 millones de dólares.
La investigación indica que entre 2011 y 2023, el acusado utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, junto con empresas fachada y agentes de transporte en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar ilegalmente tecnología estadounidense controlada a Irán sin las licencias necesarias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La denuncia penal federal detalla que Ghomi sabía que esta conducta era ilegal y tomó medidas deliberadas para ocultarla.
El documento judicial afirma que Ghomi ordenó a sus cómplices en los Emiratos Árabes Unidos que no incluyeran su nombre en la documentación de envío, que omitieran las facturas de los envíos con destino a Irán y, en al menos dos ocasiones, que ocultaran equipos informáticos de origen estadounidense dentro de envíos más grandes.
John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, declaró que la División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen las leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán. Ghomi está acusado de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Se espera que el detenido comparezca este jueves 4 de junio ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California. De ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de 20 años de cárcel.
