Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas que revierte una prohibición histórica. La enmienda al artículo 27 de la Constitución fue respaldada este martes por 61 diputados, incluyendo 59 oficialistas y aliados, más dos legisladores de oposición, en una sesión de la Asamblea Legislativa. La iniciativa se enmarca dentro del prolongado régimen de excepción vigente desde hace cuatro años y enfrenta acusaciones de organizaciones internacionales que señalan posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante esta política de seguridad.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, celebró la decisión y afirmó que las acciones del gobierno para combatir a las pandillas son “irreversibles”. Por su parte, el presidente Bukele, a través de sus canales oficiales, presentó la reforma como un paso necesario dentro de su estrategia de “guerra contra las pandillas”, argumentando que es una herramienta legal para castigar los delitos más graves. Sin embargo, la reforma aún requiere de otros trámites constitucionales para su entrada en vigor definitiva, los cuales no fueron especificados de inmediato por las autoridades.
El contexto de la aprobación es polémico. Un informe reciente del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las acciones del gobierno salvadoreño durante el régimen de excepción con graves violaciones a los derechos humanos, calificándolas de potenciales crímenes de lesa humanidad. Este reporte contrasta con la narrativa oficial que presenta la medida como una respuesta legítima a la inseguridad ciudadana. La Constitución salvadoreña, desde su redacción tras el fin del conflicto armado interno, había consagrado la prohibición de la pena de muerte y de las penas perpetuas, principios que ahora son modificados.
La reforma ha generado un intenso debate entre quienes la ven como una solución drástica pero necesaria para un país históricamente azotado por la violencia de las maras, y quienes la consideran un retroceso en materia de derechos humanos y un instrumento que podría utilizarse de manera arbitraria. La oposición política en el legislativo, con excepción de los dos diputados que votaron a favor, no ha emitido una postura unificada pública tras la votación.
Analistas señalan que esta modificación constitucional consolida el modelo de seguridad de mano dura de Bukele, otorgando al Estado un poder punitivo sin precedentes en la era democrática del país. Se espera que la medida enfrente desafíos legales tanto a nivel interno como en instancias internacionales de derechos humanos, donde ya existen señalamientos contra la administración salvadoreña. El siguiente paso será la publicación del decreto y su eventual aplicación, lo que probablemente generará más controversia y escrutinio sobre el balance entre seguridad y garantías fundamentales en El Salvador.
