Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador presentó una propuesta legislativa para imponer cárcel de por vida a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reforma constitucional aprobada el martes anterior que permitió la pena perpetua para adultos. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de los ministros de Seguridad y Defensa, será sometida a discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa en los próximos días.
Hasta este momento, la condena máxima aplicable en el país para cualquier infractor, incluyendo menores, era de 60 años de prisión. La nueva propuesta busca modificar ese límite para casos específicos de homicidio, violación y terrorismo, alineando la legislación juvenil con la reciente modificación a la Constitución que eliminó la prohibición expresa de las penas perpetuas.
La reforma constitucional, aprobada el 17 de marzo de 2026 por el órgano legislativo, estableció la cárcel de por vida para “homicidas, violadores y terroristas” adultos. Ahora, la administración del presidente Nayib Bukele impulsa extender este criterio a los menores de edad, aunque la investigación disponible no especifica el rango de edades que se considerarían bajo esta nueva normativa ni el nombre técnico del proyecto de ley.
Los ministros Gustavo Villatoro, de Seguridad, y Francis Merino, de Defensa, han participado en la promoción de esta medida como parte de la estrategia gubernamental contra la criminalidad. Sin embargo, las declaraciones públicas específicas de ambos funcionarios sobre los detalles operativos de la propuesta no fueron incluidas en los datos disponibles para esta nota.
La iniciativa llega en un contexto de endurecimiento de las políticas de seguridad en El Salvador, donde la pena de prisión perpetua estaba prohibida constitucionalmente hasta la aprobación de la reforma de esta semana. La Asamblea Legislativa deberá debatir y votar la norma que incluya a los menores en el próximo periodo de sesiones, marcando un cambio significativo en el tratamiento jurídico de la delincuencia juvenil en el país centroamericano.
