Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exdirectores y funcionarios actuales de la institución, así como miembros del Consejo de Arqueología, por presuntos daños graves al patrimonio durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la destrucción de más de 62,000 estructuras mayas no recuperadas y la manipulación irregular de monumentos en proyectos como el parque Balam Tun, realizados bajo el argumento de obras de desarrollo.
Entre los señalados figuran Diego Prieto, exdirector del INAH; Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo; y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Los denunciantes, integrados por la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, alertan sobre lo que califican como un conflicto interno que ha derivado en la pérdida irreparable de vestigios históricos en la península de Yucatán.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, miembro del INAH, proporcionó cifras que sustentan la gravedad de las acusaciones. Según su reporte, hasta 2026 no se han recuperado más de 62,000 estructuras mayas afectadas por las obras. Además, se cuestiona la intervención en 47 monumentos supuestamente restaurados en el proyecto de Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, donde se alleges que las piezas fueron desmanteladas y recombinadas, alterando su contexto original.
Las irregularidades se vinculan específicamente con los llamados “Parques de la Memoria” o “parques memoriales” asociados al Tren Maya. Los especialistas indican que estas acciones podrían constituir delitos contra el patrimonio cultural, aunque faltan detalles sobre la autoridad exacta —Ministerio Público o Fiscalía— ante la cual se presentarán las querellas, así como la fecha concreta de la formalización legal. La investigación señala que se busca recabar evidencia documental y pericial, incluyendo informes técnicos y fotografías, para respaldar las imputaciones.
Este movimiento representa una fractura significativa dentro del organismo encargado de proteger el patrimonio mexicano, pues son los propios técnicos e investigadores quienes alzan la voz contra la gestión institucional. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial por parte de los funcionarios denunciados ni de la dirección general del INAH respecto a las imputaciones de uso de maquinaria pesada y explosivos para la remoción de estructuras.
La situación pone en relieve la tensión entre los proyectos de infraestructura federal y la preservación arqueológica en el sureste del país. Mientras los especialistas afinan los detalles de su denuncia para evitar lo que consideran un “crimen de lesa arqueología”, la comunidad académica espera que se clarifiquen las sanciones legales aplicables y se realice una verificación independiente de los sitios en Campeche, Xpujil y Chetumal donde ocurrieron los hechos.
