Por Redacción
Ciudad De México, 13 de agosto de 2026.- El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del gobernador Javier May Rodríguez. La denuncia fue tramitada desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, donde Bermúdez Requena permanece bajo prisión preventiva.
El periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga tuvo acceso a la queja y a una carta manuscrita del exfuncionario. En su denuncia de once páginas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisa los momentos en los que el gobernador Javier May ha sido pues un juez de facto calificándolo y juzgándolo en sus declaraciones ante los medios de comunicación.
La queja se centra en tres episodios específicos. El primero ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando May fue cuestionado sobre quién comandaba el grupo conocido como La Barredora y respondió: “Todos saben”, después de señalar afirmativamente que existía un responsable. El segundo episodio tuvo lugar el 22 de septiembre de 2025, fecha en que el gobernador afirmó que en la investigación contra el exfuncionario “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea”.
El tercer momento citado se registró el 31 de marzo de 2026, cuando el gobernador declaró que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y que las autoridades contaban con información y pruebas para integrar nuevos argumentos. Bermúdez Requena sostiene que esos pronunciamientos generaron ante la opinión pública una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia.
Ante esto, el quejoso pide a la CNDH que examine las declaraciones bajo el principio de presunción de inocencia, particularmente en su dimensión como regla de trato extraprocesal. La petición busca que la comisión revise las pruebas aportadas, entre ellas publicaciones de medios de comunicación nacionales que reprodujeron las declaraciones de autoridades.
En el escrito, Bermúdez Requena solicita que la queja sea admitida y que se investiguen los hechos. Si la CNDH determina que existió una violación a sus derechos humanos, pide que emita la recomendación correspondiente. También plantea una disculpa pública institucional y que las autoridades se abstengan de anticipar responsabilidad penal mientras continúen pendientes los procesos judiciales.