Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal. La decisión judicial responde a una solicitud de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad cometidos durante un operativo realizado el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua.
De acuerdo con la información proporcionada por medios locales y nacionales, el magistrado concedió un total de 16 órdenes de captura derivadas de la investigación sobre los hechos ocurridos hace nueve años en el municipio de Nahuatzen. Los mandamientos judiciales señalan la presunta responsabilidad de los funcionarios en la ejecución extrajudicial de cuatro personas originarias de la comunidad purépecha, así como en la tortura de otros diez habitantes durante la intervención policial.
El operativo que motivó estas acciones legales se llevó a cabo el 5 de abril de 2017, cuando elementos de seguridad ingresaron a Arantepacua en el contexto de un conflicto por tierras y un bloqueo carretero. Las fuentes consultadas indican que la actuación de la fuerza pública concluyó con un saldo de cuatro fallecidos y diversos lesionados, hechos que ahora son investigados como homicidios calificados y actos de tortura bajo la imputación de abuso de autoridad por parte de los mandos superiores.
La emisión de estas órdenes de aprehensión marca un nuevo capítulo en el caso, al incluir en la cadena de responsabilidad penal no solo a los elementos operativos, sino también a las cabezas de la administración estatal de aquel periodo. La Fiscalía General del Estado presentó las pruebas necesarias para que el juez determinara la procedencia de las capturas contra Aureoles Conejo, quien gobernó la entidad de 2015 a 2021, y su colaborador directo en materia de seguridad.
Hasta el momento, la investigación se centra en los delitos específicos vinculados al operativo de 2017, sin que se detallen en los reportes iniciales otras situaciones jurídicas que pudieran involucrar a los mismos actores. La justicia local ha dado este paso procesal tras años de reclamos por los sucesos registrados en la Meseta Purépecha, buscando esclarecer la participación de cada uno de los 16 implicados en las violaciones a los derechos humanos documentadas en el expediente.
