Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de permitir un ambiente de discriminación y hostigamiento contra estudiantes judíos e israelíes. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella se centra en incidentes ocurridos durante las protestas propalestinas y antiisraelíes que tuvieron lugar en el campus, destacando un campamento de manifestación que permaneció instalado durante 20 días. Según el gobierno, la universidad no tomó las medidas necesarias para proteger a los alumnos de grupos específicos frente al acoso y la agresión física alegada en el contexto de las movilizaciones surgidas tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023.
Este litigio marca la tercera demanda presentada por la administración Trump contra Harvard. El conflicto legal tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos de investigación, una medida que fue bloqueada en ese momento por un juez. La disputa refleja la tensión persistente entre las políticas federales y la autonomía universitaria respecto al manejo de la seguridad y la libertad de expresión en los campus.
Las autoridades federales argumentan que la tolerancia institucional hacia las manifestaciones hostiles violó los derechos civiles de los estudiantes judíos, justificando así la acción para reclaimar los recursos públicos. La universidad, por su parte, ha mantenido su postura institucional sin detallar aún su respuesta legal formal ante el tribunal de Boston donde se presentó el caso.
La demanda pone de manifiesto la escalada política en torno a la educación superior en Estados Unidos, donde el gobierno busca establecer precedentes sobre la responsabilidad de las instituciones privadas en la prevención de la discriminación. Se espera que el proceso judicial defina el futuro de la financiación federal para grandes centros académicos y establezca parámetros sobre la gestión de protestas en entornos educativos.
