Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU, calificándolo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. La respuesta del Ejecutivo surge tras el anuncio del Comité de que solicitará remitir urgentemente el caso de México a la Asamblea General.
La decisión del CED se basa en información que, según el organismo internacional, “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”. No obstante, el mismo Comité subrayó que “no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas”, aunque advirtió que en algunos casos recibió “información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
En su defensa, el gobierno mexicano señaló que el informe del CDF abarca principalmente desapariciones ocurridas entre 2009 y 2017, periodo correspondiente a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, las autoridades federales indicaron que el documento se circunscribe a cuatro entidades del país: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco.
El Ejecutivo federal sostuvo que el informe omite los avances contra esa problemática que se trabajan desde 2018. Para respaldar su postura, el gobierno citó los párrafos 117 y 118 del propio informe del CDF, donde se reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Ante las acusaciones, el gobierno mexicano refutó categóricamente cualquier complicidad estatal: “El gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Por su parte, el gobierno presentó su más reciente informe sobre el asunto, el cual registra 130,178 personas desaparecidas en México desde 2006.
