Madrid, 03 de abril de 2026.- El gobierno de Donald Trump habría solicitado investigar el caso de eutanasia de Noelia Castillo, una joven española de 25 años. Según informaciones citadas por el New York Post y recogidas por sdpnoticias.com, funcionarios bajo anonimato indicaron que el Departamento de Estado instruyó a la embajada de Estados Unidos en Madrid para recabar información sobre la actuación de las autoridades españolas y las circunstancias en que se autorizó su muerte asistida.
El documento mencionado instruye a los diplomáticos a trasladar al Gobierno español la seria preocupación de Washington por lo que considera “muchos fallos sistémicos de derechos humanos” en este caso. El Departamento de Estado sostiene tener conocimiento de informaciones según las cuales Castillo habría mostrado ciertas dudas sobre el procedimiento de eutanasia, pero estas habrían sido ignoradas. Asimismo, se habría instado a la embajada a investigar la actuación de las autoridades en torno a las agresiones sexuales que sufrió la joven.
Frente a estas versiones, el Ministerio de Sanidad de España ha asegurado que no ha recibido ninguna petición de información por parte de EE UU. El gobierno español defendió la legalidad del sistema sanitario que hizo posible la eutanasia de Castillo y criticó la intervención de Trump en asuntos internos. La joven parapléjica recibió la prestación de ayuda para morir el pasado jueves, tras un periplo judicial de casi dos años en el que hasta cinco instancias judiciales avalaron su decisión.
La ministra de Sanidad de España, Mónica García, respondió a las declaraciones estadounidenses señalando: “En Estados Unidos mueren cada año miles de personas sin seguro médico, mientras Trump apoya y ejecuta vulneraciones de derechos humanos entre Gaza e Irán. Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”. García añadió que “España es un país serio, con un sistema sanitario sólido y un marco de derechos que protege y cuida a todas las personas, también a las que deciden pedir ayuda para morir dignamente en contextos regulados por ley, evaluados por comités clínicos y avalados por los tribunales”.
Por su parte, Salvador Illa Roca, presidente de la Generalidad de Cataluña, defendió el sistema sanitario de España y aseguró que se trata de un ataque malintencionado.
