Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de la reforma electoral, una versión modificada de la iniciativa original que fue rechazada por los partidos aliados hace una semana. La nueva propuesta, negociada mediante reuniones en la Secretaría de Gobernación, incluye dos puntos centrales: la reducción de presupuestos para congresos locales y la eliminación de regidurías en ayuntamientos.
La iniciativa establece un tope presupuestal del 0.7% del presupuesto estatal para los congresos locales, lo que representaría un ahorro estimado de 4,000 millones de pesos respecto al presupuesto actual de 18,429,929,000 pesos. Este componente de austeridad republicana fue clave para lograr el apoyo del PVEM y el PT, que habían bloqueado la reforma original el 11 de marzo.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Plan B mantiene la esencia de reducir privilegios en el sistema electoral, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, coordinó las negociaciones con los partidos aliados. Por parte del PVEM, Manuel Velasco respaldó la iniciativa, aunque no se ha difundido la postura oficial del PT sobre el acuerdo final.
El envío de la iniciativa al Senado marca un segundo intento del gobierno por modificar el marco electoral después del fracaso de la reforma original. Las contradicciones en las versiones oficiales sobre el destino exacto de la iniciativa –algunas fuentes mencionaban el Congreso general sin especificar cámara– generaron confusión en las horas previas.
El contexto político indica que el gobierno busca avanzar con cambios electorales más modestos tras el rechazo de su propuesta inicial. El Plan B representa un compromiso negociado que prioriza los aspectos de austeridad sobre otras modificaciones estructurales más profundas que contenía la versión original.
El proceso legislativo seguirá ahora en el Senado, donde se espera que la iniciativa sea turnada a comisiones para su análisis. La falta de acceso al texto completo de la iniciativa y los detalles específicos de las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mantiene en expectativa a los actores políticos.
