Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- El Gobierno de México y el líder de Morena en el Senado, Ignacio Mier, rechazaron el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU sobre la situación en el país, calificándolo de parcial, sesgado y tendencioso. En contraste, organizaciones de la sociedad civil ofrecieron un respaldo pleno al documento y criticaron la actitud defensiva del Estado.
Un día antes del cuestionamiento del legislador, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) reprobó el informe por considerarlo injerencista. Por su parte, Ignacio Mier acusó incongruencias en la ONU por mantener un ‘silencio cómplice’ ante conflictos como los de Gaza, Ucrania y Líbano, mientras critica la situación de desapariciones en México.
‘La ONU emite informes con una miopía alarmante. Es inaceptable, tendencioso e injerencista su informe sobre Desaparecidos en México’, declaró el senador. El legislador pidió ‘dejar a un lado la retórica tendenciosa’ y actuar con ‘coherencia con la paz mundial’.
El informe de la ONU habla de casi 133 mil personas desaparecidas acumuladas y detalla problemas estructurales como búsquedas ineficientes y tardías, investigaciones incompletas, falta de planes integrales de búsqueda, protección insuficiente a familias y colectivos e impunidad persistente. Asimismo, señala la acumulación de más de 83 mil cuerpos y restos de personas sin identificar en las instituciones forenses.
Frente al rechazo oficial, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que la descalificación de los hallazgos técnicos no altera la realidad de una impunidad superior al 98% en los casos de desaparición, cifra que otras fuentes sitúan en más del 99 por ciento. Las agrupaciones afirmaron que ‘la soberanía se ejerce cumpliendo los tratados, no desacreditando las recomendaciones de los organismos de los cuales México es parte voluntaria’.
Las organizaciones criticaron que el Estado ha fallado sistemáticamente para atender la crisis, empezando con el Banco Nacional de Datos Forenses, y aseguraron que ‘cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente’. Hicieron un llamado enérgico al gobierno para abandonar la actitud defensiva, reconocer la magnitud de la crisis y aceptar la asistencia técnica internacional propuesta, reconociendo que las capacidades de México han sido superadas.
