Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, evidenciada por una impunidad estructural que deja solo 10.55% de los casos con resolución efectiva y una ola de violencia que cobró la vida de 82 policías entre enero y el 10 de marzo de 2026, según revelaron informes de organizaciones civiles presentados en la capital del país.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, elaborado por México Evalúa con base en datos del INEGI, demuestra que aunque 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, apenas 6.28% de estos expedientes logran avanzar hasta una acción penal concreta. Este cuello de botella institucional refleja la incapacidad del Estado para procesar y sancionar delitos de manera eficiente.
La situación es aún más grave en entidades federativas específicas donde la cifra negra domina el panorama. En Coahuila, 90.7% de los delitos cometidos no fueron denunciados por la población, mientras que en Durango el índice de no denuncia asciende a 92.6%, lo que indica una profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades encargadas de impartir justicia y seguridad.
Paralelamente, la organización Causa en Común documentó un aumento letal en la victimización de las fuerzas de seguridad. El reporte indica que 82 elementos policiales fueron asesinados en los primeros dos meses y medio de 2026, lo que sugiere que las corporaciones se encuentran bajo un ataque sistemático sin capacidades suficientes de protección o respuesta efectiva por parte del sistema judicial que debería perseguir estos homicidios.
Estos hallazgos posicionan a México en un escenario de doble vulnerabilidad: por un lado, la población no denuncia por falta de confianza; por otro, quienes intentan hacer cumplir la ley son eliminados con altos índices de impunidad para sus agresores. La convergencia de estos factores debilita el tejido social y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional.
Ante este panorama, expertos en seguridad y justicia penal urgen una reestructuración profunda de los procesos de investigación y persecución del delito, pues los datos actuales confirman que el modelo vigente no logra disuadir la criminalidad ni ofrecer garantías reales a las víctimas o a los servidores públicos que enfrentan el crimen organizado.
