Ciudad De México, 29 de mayo de 2026.- Ricardo Gallardo Cardona tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Consultivo Indígena en San Luis Potosí, un órgano de representación que busca fortalecer la participación de los pueblos originarios en la construcción de políticas públicas. El mandatario estatal estuvo acompañado por 54 representantes indígenas de 24 municipios, consolidando un mecanismo permanente de diálogo con las comunidades indígenas de la zona Media y la Huasteca, las cuales están reconocidas en el Padrón de Comunidades Indígenas del Estado.
En un frente distinto, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta exigió la cancelación total de las concesiones mineras en este territorio sagrado. La organización impugnó una sentencia judicial que solo resolvió de manera parcial la protección del área y dejó vigentes permisos vinculados a proyectos extractivos. Autoridades tradicionales, civiles y agrarias del pueblo Wixárika interpusieron un recurso de revisión el pasado 30 de marzo contra un fallo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí.
La resolución judicial fue dictada el 11 de marzo de 2026 dentro de un juicio de amparo promovido en contra de 78 concesiones mineras que afectan el territorio de Wirikuta. El juzgado ordenó la cancelación de 43 concesiones ubicadas dentro de un Área Natural Protegida estatal, pero mantuvo vigentes otras concesiones dentro y en la zona de influencia del sitio sagrado. Entre las concesiones que permanecen activas se encuentran 20 relacionadas con el proyecto de la empresa canadiense First Majestic, mientras que otras 14, aunque perdieron vigencia administrativa, siguen dentro del polígono de influencia del territorio ritual.
El fallo reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo Wixárika, así como su vínculo con el territorio sagrado y la obligación de realizar consultas desde la etapa de solicitud de concesiones. Sin embargo, la resolución no establece la obligación de obtener el consentimiento del pueblo Wixárika para autorizar proyectos mineros, limitándolo únicamente a casos de desplazamiento sin considerar afectaciones espirituales, ambientales y culturales. Además, el criterio judicial no toma en cuenta el riesgo de sobreexplotación de acuíferos ni la incompatibilidad de la actividad minera con el equilibrio del territorio.
La sentencia ordena una metodología para consultas, la traducción del fallo al idioma Wixárika y retoma el decreto de protección emitido en 2023, pero deja vulnerables áreas rituales fuera del Área Natural Protegida donde se ubican espacios sagrados y la planta Hikuri. Ante esto, el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta declaró: “Wirikuta es la casa de nuestra máxima deidad Tamatsi Kauyumarie (nuestro hermano mayor) y cuna de nuestro Pueblo Wixárika”.
Las autoridades wixaritari afirmaron que continuarán con la defensa legal del territorio. “Nuestra lucha sigue en pie, llegaremos hasta la última instancia necesaria para dejar libre nuestro lugar sagrado Wirikuta”, señalaron.
