Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo. La normativa se aplicará específicamente en los tribunales militares de Cisjordania, los cuales juzgan exclusivamente a acusados palestinos, mientras que los colonos israelíes en la misma zona continúan sujetos a la legislación civil.
El recuento de la votación presenta discrepancias entre las fuentes consultadas: un reporte indica que la iniciativa obtuvo 62 votos a favor y 48 en contra, mientras que otra fuente eleva el respaldo a 64 votos a favor con la misma cantidad de rechazos. Entre quienes votaron a favor de la ley se encuentra el primer ministro Benjamín Netanyahu. El principal impulsor de la reforma legal fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Según lo establecido en la nueva legislación, los tribunales militares están obligados a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en actos de terrorismo. Los jueces solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian circunstancias especiales. La decisión para imponer la pena de muerte no requiere unanimidad, bastando una mayoría simple. Además, la ley elimina el derecho de apelación y exige que la sentencia se dicte en un plazo de 90 días.
La normativa también contempla la posibilidad de realizar ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. Respecto a su aplicación temporal, la ley no será retroactiva para los detenidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023; sin embargo, la Knesset está tramitando actualmente otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para dichos casos.
Itamar Ben Gvir celebró la aprobación calificándola como un “día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos”. “No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, declaró el ministro, quien añadió que la medida devuelve “el orgullo al pueblo de Israel” frente a actores de la Unión Europea.
Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, tildándola de “racista” y de constituir una “flagrante violación del derecho internacional humanitario”. En un comunicado, el organismo palestino afirmó que estas leyes “no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia”, reiterando su lucha por la independencia y el establecimiento de un Estado con Jerusalén Este como capital.
