Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que México es el país de América Latina que menos gasto público por persona destina a la salud, con solo el 51.9% del gasto total proveniente de fuentes públicas, mientras que el 39.1% corresponde a desembolsos directos de los ciudadanos. Este diagnóstico contrasta con los anuncios de logros en contratación de médicos y cobertura de programas sociales realizados por autoridades federales y estatales durante el mismo día.
El análisis, citado por Sergio Meneses Navarro, especialista del INSP, y publicado en medios como La Jornada, subraya la insuficiencia y desigualdad en el financiamiento del sistema sanitario nacional. Mientras tanto, en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que el estado lidera la contratación de médicos especialistas del IMSS a nivel nacional, con 419 incorporaciones derivadas de la Jornada de Reclutamiento 2026, que en total sumó 7,400 contrataciones en todo el país.
Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que los programas sociales de la administración federal benefician a 18.8 millones de personas, a los que calificó como un derecho constitucional. Además, informó que la estrategia ‘Salud Casa Por Casa’ ha realizado 1.5 millones de consultas médicas. En un acto separado, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que la Beca Rita Cetina, de 2,500 pesos anuales, se entregará entre julio y agosto, con un periodo de registro que concluye el 19 de marzo.
En el ámbito legislativo, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través de los senadores Clemente Castañeda y Amalia García, urgió al Senado a dictaminar la minuta del Sistema Nacional de Cuidados, recibida hace dos años. Argumentaron que 58.3 millones de mexicanos requieren atención, un dato que se relaciona indirectamente con las críticas a la segmentación del sistema de salud.
El conjunto de información publicada este día presenta narrativas divergentes: una técnica, que expone las debilidades estructurales del financiamiento en salud, y otra gubernamental, que enfatiza avances en cobertura y contratación. La presión por aprobar el Sistema Nacional de Cuidados emerge como una posible respuesta política a las necesidades de una población amplia, en un contexto donde el gasto de bolsillo sigue siendo una carga significativa para las familias.
