Por Luis Martínez Alcántara
México vive éste 30 de abril un Día del Niño doloroso y enfrenta una alarmante crisis en la protección de la infancia. Entre 2023 y 2024, las desapariciones de menores de 12 años aumentaron un 45%, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). En 2023 se reportaron 576 casos, cifra que ascendió a 833 en 2024, marcando los dos años con más desapariciones infantiles desde 2001. En lo que va de 2025, ya se han registrado 274 nuevos casos, lo que indica que la tendencia continúa al alza.
Este incremento no es un fenómeno aislado. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señala que, en 2024, se reportaron 2,541 desapariciones de personas entre 0 y 17 años, un aumento del 65% respecto al año anterior. De estas desapariciones, una de cada seis personas seguía sin ser localizada hasta marzo de 2025. Además, se destaca que dos de cada tres personas desaparecidas en este rango de edad eran mujeres, evidenciando una vulnerabilidad particular en niñas y adolescentes.
Los estados con mayor número de casos reportados son el Estado de México, Tamaulipas y la Ciudad de México, concentrando aproximadamente el 40% de las desapariciones de menores. En el Estado de México, por ejemplo, se han registrado 3,889 casos de desapariciones de personas de 0 a 17 años. Estas cifras reflejan una problemática nacional que requiere atención urgente y coordinada por parte de las autoridades.
La situación es aún más crítica al considerar que, por cada 100 personas de 0 a 17 años localizadas, una fue hallada sin vida. Hasta marzo de 2025, se han encontrado sin vida a 1,054 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos. Este dato subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección para este grupo vulnerable.
Organizaciones como REDIM han instado al Estado mexicano a implementar medidas más efectivas para prevenir y atender las desapariciones de menores. Entre las recomendaciones se incluyen la creación de protocolos especializados de búsqueda y la asignación de recursos adecuados para las fiscalías y comisiones de búsqueda.
