Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” para la reforma judicial, en un contexto donde un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral ha ejercido 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, con el 39.3% de su presupuesto actual destinado al financiamiento de partidos políticos. Paralelamente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, defendió la autonomía de su institución frente a lo que calificó como “controversias políticas”.
El análisis presupuestal detalló que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2026, destacando la proporción significativa asignada al sostenimiento de las actividades de los partidos políticos. Estas cifras emergen en medio de un debate nacional sobre la eficiencia y el costo de los organismos constitucionales autónomos.
Desde la SCJN, la ministra Esquivel Mossa abogó por realizar modificaciones específicas al paquete de reformas judiciales actualmente en discusión, aunque no precisó los detalles concretos de su propuesta de ajustes. Su intervención se suma a un diálogo complejo sobre la transformación del Poder Judicial federal.
Por su parte, el magistrado Bátiz García, al frente del TEPJF, emitió un comunicado enfatizando la necesidad de preservar la independencia del tribunal electoral ante presiones e intereses partidistas. Subrayó la importancia de que la justicia electoral opere con autonomía para garantizar la imparcialidad en los procesos democráticos.
La coincidencia temporal de estos pronunciamientos desde tres instituciones clave —la Corte, el órgano electoral y el tribunal especializado— refleja la intensidad del debate institucional en México. La discusión abarca desde la distribución de recursos públicos hasta los fundamentos mismos de la autonomía y la arquitectura del Estado.
El contexto político nacional permanece atento a las posibles repercusiones de estas posturas, en particular sobre el futuro de la reforma judicial y el modelo de financiamiento a los partidos políticos, temas sensibles en la agenda pública. La evolución de este diálogo entre poderes y organismos autónomos marcará la ruta de las transformaciones institucionales en los próximos meses.
