Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, con el objetivo de que la Asamblea General adopte medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. La decisión se tomó tras considerar que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”, según explicó Juan Pablo Albán, presidente del Comité.
En su documento, presentado originalmente en abril de 2022 y reforzado en 2023, el CED destacó una “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que provocan la reproducción de las desapariciones. Según datos estatales citados por el organismo, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados para esa fecha, con apenas 36 sentencias a nivel nacional. Además, se insistió en la deficiencia en la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos.
La gravedad del escenario se refleja también en el aumento de restos humanos sin identificar. A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos sin identificar, en comparación con los 52 mil registrados en el momento de la visita del Comité en 2021. Durante dicha visita, el CED recibió testimonios que relataban desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos actuando ante la inacción de las autoridades.
El informe detalla patrones específicos en cuatro estados paradigmáticos: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia del delito en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En el caso de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas entre 2006 y 2016. Se identificó que entre 2009 y 2012 fuerzas policiales secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que entre 2012 y 2016 autoridades estatales llevaron a cabo desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM.
La investigación reveló patrones de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo detenciones ilegales para entregar personas a grupos criminales o liberarlas para desaparecerlas posteriormente. Asimismo, se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos delitos. El CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad.
Frente a estas señalamientos, el gobierno mexicano ha manifestado su desacuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum y su administración declararon que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Como contraparte, México planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación.
Como parte de su visita en 2021, el Comité había emitido 84 recomendaciones al gobierno mexicano. El 3 de abril de 2026, el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos, en un contexto donde el informe del Comité coincide con reportes oficiales que sitúan la cifra de desaparecidos por encima de las 130 mil personas.
