Imagen de archivo de una vista de los retratos de periodistas mexicanos asesinados en 2022, durante una protesta de sus colegas frente a la sede de la Secretaria de Gobernación para rechazar la violencia, en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General. Se trata de la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario ante un problema que las organizaciones califican como generalizado y documentado por más de una década.
Por su parte, el Gobierno de México rechazó el informe del Comité, acusándolo de estar desactualizado y carecer de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración federal negó que permita o tolere desapariciones forzadas y señaló un conflicto de interés, dado que uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el país.
Las autoridades reprobaron el documento por considerarlo “parcial, sesgado y tendencioso”, al referirse a casos ocurridos en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El Ejecutivo añadió que, antes de emitir el texto, el Comité omitió considerar la actualización de información presentada por la Secretaría de Gobernación el pasado 27 de marzo. En su defensa, el gobierno citó que “el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar”, marco que, según su postura, “no corresponde a la realidad del México actual”.
Mientras tanto, organizaciones civiles acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional. El propio Comité advirtió en su informe que la recurrencia de las desapariciones tiene que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano y documentó la falta de respuesta del Estado, señalando que en algunos casos, como en Jalisco, han participado autoridades locales. No obstante, el Comité reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
En un hecho paralelo que ilustra la crisis, el jueves 2 de abril de 2026 se llevó a cabo el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de Ceci Flores, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. El último adiós tuvo lugar alrededor de las 17:00 h en el Panteón Municipal, al norte de Hermosillo. Una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados el 24 de marzo en un predio de la zona rural de Hermosillo corresponden a Marco Antonio, quien desapareció en 2019.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) impulsó la solicitud formal ante la ONU tras años de trabajo con colectivos y análisis regionales en estados como Coahuila, Veracruz y Nayarit. Por su parte, Amnistía Internacional pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender una crisis que afecta directamente a más de 132 mil familias.
En el ámbito de la seguridad para la prensa, las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denunciaron la impunidad en México. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad se produce en el 95 por ciento de los casos de homicidios contra periodistas y elevó la cifra al 100 por ciento cuando se trata de desapariciones. “Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial”, afirmó Mendiola.
