Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos mexicanos no ocurrirá en territorio nacional, sino que dependerá finalmente de la justicia de Estados Unidos, lo que representa un riesgo de injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión y existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República, estos no han resultado efectivos.
La ineficacia de las instituciones mexicanas se evidencia en casos recientes: el gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra con licencia; Enrique Inzunza Cázares está alejado del Senado; y hay exservidores públicos huidos que han proporcionado datos a satisfacción de Estados Unidos. Asimismo, figuras como el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes de Jalisco y Morelos han sido detenidos por sus ligas con la delincuencia.
Tampoco se habrían conocido los alcances del grupo criminal de La Barredora, formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, sin la intervención externa. En el caso de Rubén Rocha Moya, las denuncias endilgadas en las elecciones de 2021 poco importaron en México; el golpe llegó casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York, con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surge la interrogante sobre qué pasaría si desde el norte se hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo que podría anular autorizaciones otorgadas por el INE basándose en juicios de consejeros como Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz. Ya existen aspirantes con dificultades, como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir del tema de las visas.
En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia al derecho de las audiencias ayer al desmentir propósitos de censura y reivindicar la facultad de cada persona para decidir qué consumir informativamente: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”. Bajo este enfoque, la decisión de calificar notas periodísticas no le corresponde al gobierno, ni tampoco descalificar públicamente a periodistas y medios, un contexto bajo el cual la Comisión Reguladora analizará en consulta pública.
