Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron este mes un patrón regional de represión estatal que abarca desde el desmantelamiento de políticas de memoria en Argentina hasta la desaparición forzada de deportados en El Salvador y la confiscación de bienes a opositores en Venezuela y Nicaragua. Human Rights Watch (HRW), a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, junto con testimonios de víctimas directas, alertaron sobre el endurecimiento de políticas migratorias y la criminalización de la disidencia en varios países de la región.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por el desmantelamiento de políticas de memoria relacionadas con las 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura histórica. Datos referenciales indican que en los últimos dos meses unas 5.000 personas no fueron admitidas o expulsadas del país, mientras que en 2024 se registraron 620 deportaciones, un incremento del 40% respecto al año anterior. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, ha anunciado medidas que siguen un modelo inspirado en políticas migratorias restrictivas, lo cual ha generado protestas socioambientales lideradas por mujeres en Mendoza, incluyendo a Macarena Limousin.
La situación en Venezuela y Nicaragua presenta casos de desapariciones forzadas y confiscación de activos contra figuras de la oposición. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, ha realizado denuncias públicas sobre estas acciones. Entre los involucrados se encuentran William Dávila, Enrique Márquez y el dirigente chavista Carlos Brenes, quien figura como desaparecido. Asimismo, activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes han aportado testimonios sobre la vulneración de derechos, aunque no se detallan los cargos específicos contra los opositores cuyos bienes fueron confiscados ni el estado de salud actual de Dávila tras su liberación.
En El Salvador, la controversia se centra en la desaparición de 11 connacionales deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’. Mientras el gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, familias de las víctimas y HRW niegan dicha condición para la mayoría de los casos, señalando que no existe evidencia pública que vincule a todos los desaparecidos con actividades criminales. En 2025, más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU., de los cuales solo el 10% tenía antecedentes penales reportados.
Las cifras también reflejan la deportación de más de 250 venezolanos desde Estados Unidos en el mismo periodo. Las organizaciones destacan que las acusaciones de pandillismo carecen de sustento concreto más allá del caso de ‘El Greñas’, y exigen claridad sobre el paradero de los desaparecidos. No se ha registrado una respuesta oficial del gobierno salvadoreño ante la acusación de desaparición forzada planteada por HRW.
Este panorama regional evidencia un endurecimiento de las políticas de seguridad y migración, acompañado de la supresión de mecanismos de protección a derechos humanos. Los casos reportados en Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador ilustran una tendencia hacia la represión estatal que afecta tanto a migrantes como a disidentes políticos y activistas sociales, sin que hasta la fecha se hayan presentado pruebas contundentes que justifiquen las medidas extremas aplicadas en algunos de estos territorios.
