Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 24 de marzo de 2026 el envío al Senado de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con el objetivo de homologar el tipo penal en todo el país y acabar con la impunidad en estos casos.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria indicó que la propuesta constitucional permitirá que todas las fiscalías del país cuenten con una ley uniforme para combatir el feminicidio y desarrollar políticas de prevención. La iniciativa será analizada primero por el Senado y posteriormente deberá aprobarse en cada uno de los Congresos estatales.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó que el proyecto se construyó junto con la Secretaría de las Mujeres y propone una pena de 40 a 70 años de prisión para quienes cometan este delito. También se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las dos terceras partes del castigo principal.
La iniciativa contempla 21 agravantes, incluyendo casos donde la víctima sea niña, adolescente, mujer mayor, tenga alguna discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes, o que el crimen se cometa frente a hijos o hijas. El delito será perseguido de oficio e imprescriptible.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, mostró su apoyo a la iniciativa y aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre su intención de enviar la propuesta. Confirmó que la bancada de Morena la respaldará sin duda en el proceso legislativo.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registran 54 feminicidios en lo que va de 2026. Los estados con mayor concentración son Sinaloa con 8 casos, Ciudad de México con 5, Estado de México con 4 y Tamaulipas con 4.
La propuesta busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, con perspectiva de género obligatoria, para evitar que casos se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos. El responsable también perderá la patria potestad, tutela y derechos sucesorios respecto a las víctimas.
