Por Redacción
Ciudad de Mexico, 21 de julio de 2026.- Los diputados Alberto Martínez y Ángel Augusto Tamariz propusieron reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México para homologarla con la federal. La iniciativa, que busca alinear las normas locales con el Decreto de reforma constitucional al Poder Judicial publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, fue dada a conocer por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
El documento fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia para su dictaminación. Al presentar la propuesta, los legisladores señalaron que existen “importantes áreas de oportunidad” en la legislación local. Esta iniciativa surge tras la elección extraordinaria de 2025 en la capital, donde se eligieron cinco magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 34 cargos para magistradas y magistrados, y 99 para jueces, con una participación ciudadana cercana al 14 por ciento.
Por otro lado, Brenda Quevedo Cruz salió de su departamento donde permanece bajo prisión domiciliaria durante la tarde del viernes 17 de julio, luego de obtener un permiso humanitario para visitar a su padre hospitalizado. El padre de Quevedo se encuentra internado en un hospital del ISSSTE en Toluca, Estado de México, tras sufrir un accidente cerebrovascular por el que está intubado.
La salida de Quevedo, quien acumula 21 años sin sentencia y cuya fase de investigaciones terminó desde 2014, se realizó custodiada bajo un fuerte operativo de la Guardia Nacional que la acompañó hasta el nosocomio. Esta fue su primera salida desde el 24 de junio de 2024. El traslado se retrasó cinco horas debido a un error administrativo: aunque el permiso se emitió la mañana del 17 de julio, el documento original contenía una fecha incorrecta, lo que obligó a emitir uno nuevo con los datos correctos.
Brenda Quevedo fue detenida en Estados Unidos en 2007 y extraditada en 2009, pasando más de 15 años en penales federales. Organismos internacionales como la ONU y la CNDH han señalado irregularidades en el caso y acusan que la detención fue arbitraria.
